Concierto por Wirikuta

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La lucha por Wirikuta cruza la frontera

Varios miembros de la Iglesia Nativa Americana expresaron que el peyote había cambiado e incluso salvado sus vidas, como Lance Long, miembro del pueblo Ho Chunk, quien estaba al punto de morir cuando era bebé y sus padres le dieron su primer te de peyote. “Estoy vivo hoy gracias a la medicina,” expresó.

La delegacion Coahuilteca ahi presente reitero su apoyo como hermana nacion indigena vinculada por la larga historia de uso de la medicina del Peyote por ambos grupos indigenas. Ellos expresaron que detener la desacralizacion de los lugares sagrados debe de parar y que esta defensa de Wirikuta es como defender a la misma Madre Tierra.

El dialogo de dos días incluyó una ceremonia que visitó el inicio de la formación del mundo y lo recreó hasta nuestros días, en donde, según las palabras de Sandor, el Aguila y el Cóndor volaron juntos, como en los principios del mundo. Acuerdos materializados en la firma de una carta de la delegación wixárika, proponiendo una colaboración de parte de la Iglesia Nativa Americana, y una promesa de fraternidad y solidaridad. La asamblea de la Iglesia Nativa Americana de Norte America aprobo unanimemente sumarse al frente de defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa.

José García, cabeza espiritual de la nación Coahuilteca, quien en su canto durante la ceremonia habló con el lugar sagrado de Wirikuta comenta “Hace varios años me habían comisionado para hablar con los wixaritari huicholes y decirles que nuestros ancianos soñaban que algo muy malo estaba pasando en Wirikuta, entonces yo no lo entendía bien, esta noche comprendí de que se trata al visitar ese lugar sagrado y conversar con él durante mi canto”.

Fuente: http://theesperanzaproject.org/es/2011/02/la-lucha-por-wirikuta-cruza-la-frontera/

UNETE Campaña Internacional en Defensa de Wirikuta por Saboteamos

Salvemos Wirikuta! por comuntierra

CIDH Publica informe sobre derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales.

Comunicado de Prensa 13/11: CIDH PUBLICA INFORME SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A SUS TERRITORIOS ANCESTRALES

Press Release 13/11: IACHR PUBLISHES REPORT ON INDIGENOUS PEOPLES' RIGHTS OVER THEIR ANCESTRAL LANDS

CIDH PUBLICA INFORME SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A SUS TERRITORIOS ANCESTRALES

         

Washington, DC, 17 de febrero de 2011 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy su Informe Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales.

La protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia para la CIDH. Esto se explica porque el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra. Por ello, la CIDH ha venido prestando una particular atención al derecho de los pueblos indígenas y tribales  a la propiedad comunal sobre sus tierras y recursos naturales, como un derecho en sí mismo y en tanto garantía del disfrute efectivo de otros derechos básicos.

En virtud de esto, el derecho a la propiedad garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21 adquiere una importancia singular para los pueblos indígenas y tribales. La garantía del derecho a la propiedad territorial es una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas. Es un derecho al territorio que incluye el uso y disfrute de sus recursos naturales. Se relaciona directamente, incluso como un pre-requisito, con los derechos a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, al honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a los derechos de la familia, y a la libertad de movimiento y residencia.

En este sentido, el informe analiza la obligación que tienen los Estados de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios. La consulta se debe realizar sobre todos los temas susceptibles de afectarlos, debe estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado, y debe implementarse de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados, y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones.

El informe que la CIDH publica hoy compila y analiza el alcance de los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios, tierras, y recursos naturales. Se basa en los instrumentos jurídicos del sistema interamericano, tal y como han sido interpretados por la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericanas a la luz de los desarrollos en el derecho internacional de los derechos humanos en general.  Su objetivo también es el de señalar problemas, guías y buenas prácticas específicas, con miras a ampliar el goce de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales del Hemisferio.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. 

Enlaces útiles:

Informe Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales. Versión en pdf

Oficina de Prensa de la CIDH

Sitio web de la CIDH

IACHR PUBLISHES REPORT ON INDIGENOUS PEOPLES' RIGHTS OVER THEIR ANCESTRAL LANDS

Washington, D.C., February 17, 2011—The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) today published its report Indigenous and Tribal Peoples' Rights over their Ancestral Lands and Natural Resources.

The protection of indigenous peoples' right to property over their ancestral lands is an issue of particular importance to the IACHR because the effective enjoyment of that right involves not only protection of an economic unit but also protection of the human rights of a collectivity whose economic, social, and cultural development is based on its relationship with the land, which is the basis for its worldview. As a result, the Commission has long paid particular attention to indigenous and tribal peoples’ right to communal property over their lands and natural resources, as a right in itself, and as a guarantee of the effective enjoyment of other basic rights.

The right to property pursuant to Article 21 of the American Convention on Human Rights thus has singular importance for indigenous and tribal peoples, because the guarantee of the right to territorial property is a fundamental basis for the development of indigenous communities’ culture, spiritual life, integrity and economic survival. It is a right to territory that encompasses the use and enjoyment of its natural resources. It is directly related, even a pre-requisite, to enjoyment of the rights to an existence under conditions of dignity, to food, water, health, life, honor, dignity, freedom of conscience and religion, freedom of association, the rights of the family, and freedom of movement and residence.

The report the IACHR is publishing today compiles and discusses the scope of indigenous and tribal peoples’ rights over their territories, lands, and natural resources. In this regard, it analyses the obligation of the States to consult with indigenous peoples and guarantee their participation in decisions regarding any measure that affects their territories. The State has to consult them on any matters that might affect them, the purpose of such consultations should be to obtain their free and informed consent, and they must be carried out in accordance with their customs and traditions, through culturally adequate procedures and taking into account their traditional decision-making methods.

The report is based on the legal instruments of the Inter-American system, as interpreted by the Commission and the Inter-American Court in the light of developments in general international human rights law. It also aims to point out specific problems, guidelines, and best practices to enhance the enjoyment of human rights by indigenous and tribal peoples across the hemisphere.

A principal, autonomous body of the Organization of American States (OAS), the IACHR derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights. The Inter-American Commission has a mandate to promote respect for human rights in the region and acts as a consultative body to the OAS in this matter. The Commission is composed of seven independent members who are elected in a personal capacity by the OAS General Assembly and who do not represent their countries of origin or residence.

Useful Links:

Report: Indigenous and Tribal Peoples' Rights over their Ancestral Lands and Natural Resources

IACHR Press Office

IACHR website

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Maria-Isabel Rivero
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Malos Vecinos: Las empresas mineras canadienses en América Latina.

 

- LIISA L. NORTH | 31 de diciembre de 2010 -

Solo el año pasado, al menos cinco opositores a los proyectos canadienses de explotación minera fueron asesinados en América Latina: tres en El Salvador, uno en Guatemala y uno en México. Los críticos de las actividades mineras en esos y otros lugares fueron heridos y mutilados en los ataques, mientras que muchos otros, junto con sus familias, fueron amenazados. Las empresas mineras canadienses no eran necesariamente responsables directas de las muertes y los actos de intimidación y violencia, pero algunos de estos actos se perpetraron por personal de seguridad de las empresas y empleados actuales o anteriores. Podría ser el caso que las empresas implicadas no sean legalmente responsables, pero junto a las élites y los estados locales que autorizan y promueven actividades extractivas, por lo menos tienen una responsabilidad moral en la aparición de las situaciones del conflicto en las cuales los asesinatos y otros actos de violencia suceden.

La mayoría de los canadienses no suelen pensar en sus inversionistas como violadores de los derechos humanos o de Canadá como un “mal vecino”. Lamentablemente, desde principios de 1990 y sobre todo en la última década, las actividades de nuestros mineros nos están dando esa reputación. Las empresas, por supuesto, sostienen que están trayendo el muy necesario empleo e incluso el “desarrollo sostenible” a las regiones pobres donde operan. Si lo están haciendo, parece ser una forma de desarrollo que muchos no desean ver en sus comunidades.

Las empresas mineras canadienses en el extranjero

Una espectacular expansión de la inversión minera canadiense en América Latina ha tenido lugar durante las dos últimas décadas, parte del crecimiento general de nuestra inversión minera en el extranjero. Hoy en día, casi el 60 por 

ciento de todas las empresas mineras se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto. Nuestros mineros son altamente visibles en todo el hemisferio sur, y sus operaciones han provocado manifestaciones frente a edificios de las embajadas de Canadá en varias capitales de América Latina.

Por primera vez en la historia diplomática de las relaciones Canadá-América Latina, la Gobernadora General se encontró el año pasado en la Ciudad de México con gritos de “Canada go home.”

Esta expansión de la inversión responde a los altos precios de minerales y a las ganancias sin precedentes, impulsada por el rápido crecimiento de la demanda, especialmente en China, pero también en la India, hasta que la crisis económica golpeara en 2008 (los precios del oro continuaron aumentando, incluso en medio de la crisis, al igual que los conflictos asociados a la minería de oro en la que algunas empresas canadienses están involucradas). Los niveles de ganancia también se elevaron por las políticas neoliberales de fomento a la exportación y las inversiones favorables a las reformas de la legislación minera patrocinadas por los bancos internacionales y las agencias de desarrollo de los países capitalistas centrales, entre las que se encuentra la Agencia Internacional de Desarrollo de Canadá (CIDA, por sus siglas en inglés).

Para los gobiernos latinoamericanos faltos de liquidez, los dólares que pueden obtenerse de las exportaciones de minerales resultan muy atractivos para casi todos ellos, frente al espectro político de izquierda a derecha. Además de El Salvador, que suspendió recientemente nuevos proyectos mineros, sólo algunos gobiernos locales -municipios y provincias- han decidido rechazar abiertamente la expansión de la minería en sus territorios.

Corporaciones contra comunidades

Muchos tipos de conflictos superpuestos surgen alrededor de la minería: ambientales, sociales, económicos, políticos e incluso espirituales (en el caso de los cementerios y la montaña sagrada para los pueblos indígenas), que giran, en primer lugar, en torno a temas del aire, el suelo y la contaminación del agua y sus efectos sobre la salud ambiental y humana, así como la agricultura, la ganadería y otras actividades productivas y generadoras de empleo. Los conflictos también surgen de la escasez de agua, pues los ríos y pozos tienden a secarse en las zonas mineras. Las quejas han venido también por los daños que causan las explosiones controladas en las casas de los poblados cercanos y por la desestabilización de las laderas.

La desorganización social –que se manifiesta en el aumento del alcoholismo, el consumo de drogas, la prostitución y la violencia contra la mujer- también puede acompañar a la industria minera. En la medida en que la minería hace que la agricultura, la ganadería y otras empresas comerciales no sean viables, el desplazamiento y la migración son otros resultados.

Estos conflictos han implicado una serie de males políticos: divisiones entre los grupos anti y pro-minería en las comunidades donde se ubican o se proyectan las minas; represión asociada al uso de empresas de seguridad privada e incluso de organizaciones paramilitares para proteger las instalaciones mineras; y la corrupción de autoridades de todos los niveles de gobierno -local, provincial y nacional (esta es una de las quejas en el sitio del ahora clausurado Blackfire Exploration en Chiapas, México, donde fue asesinado un activista/ambientalista de la comunidad el año pasado). Algunos afirman que la minería ha llevado incluso a Ottawa a entrometerse en  conflictos políticos de mayor envergadura. En este sentido, nuestro gobierno ha sido acusado de apoyar los intereses a favor de la minería en el golpe de 2009 en Honduras.

En lo que respecta al medio ambiente, la liberación de metales pesados en la atmósfera y de muchos tipos de “agentes” tóxicos en el suelo y el agua de las comunidades cercanas a las minas es un problema en casi todos los sitios mineros. En el peor de los casos esto incluye derrames de tóxicos (como el mercurio) y la ruptura de los contenedores de residuos, que puede envenenar grandes extensiones de tierra y agua. En lugar de generar “desarrollo sostenible”, los impactos ambientales de las operaciones mineras, en sí mismas, pueden destruir alternativas productivas y reducir las posibilidades de empleo. En resumen, esto puede llegar a ser mortal para las comunidades agrícolas cercanas.

Los conflictos políticos y la corrupción que la minería genera también pueden llegar a ser mortales, como demuestra el recuento de asesinatos del año pasado. Con el fin de acceder a tierra rica en minerales, sea ésta propiedad privada o en posesión de grupos indígenas, las empresas pagarán precios por arriba de las tarifas del mercado local y recurrirán a diversos tipos de persuasión (en otras palabras, sobornos o “mordidas”) a los miembros de las élites locales y políticos. Efectivamente, las comunidades y las familias pueden incluso terminar divididas e incapacitadas, especialmente en  áreas remotas donde las tradiciones democráticas, los niveles educativos y las capacidades organizativas son débiles.

En los países con una larga historia de explotación minera, los miembros de las élites locales que poseen propiedades mineras pueden adherirse en calidad de accionistas minoritarios. Entonces, influyen en las políticas del gobierno nacional para favorecer los intereses de las corporaciones extranjeras o garantizar la inacción cuando las comunidades de sitios mineros se quejan de abusos. Las posibilidades de la manipulación corporativa son mayores y más peligrosas en los países pobres con estados débiles, sistemas judiciales corruptos, recientes experiencias de guerra civil y altos niveles de represión -los llamados “regímenes de baja gobernabilidad”, El Salvador y Guatemala en Centroamérica, y Colombia y Perú en América del Sur ocupan un lugar notorio entre ellos.

Responsabilidad corporativa en el extranjero

Catherine Coumans, una autoridad líder en rendición de cuentas corporativa en el extranjero de Mining Watch Canada, nos dice que los actuales códigos voluntarios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) “no señalan la necesidad de sancionar y reparar, no garantizan el respeto de los derechos humanos, y no admiten ni promueven la agencia comunitaria para proteger valores sociales, económicos y ambientales”. Los líderes comunitarios no buscan programas de RSC, quieren una regulación estatal efectiva y un mejor acceso a la justicia, concluye ella. En el otro lado del debate, la respuesta de Ascendant Copper/Mesa Copper ante la demanda presentada en 2009 por las comunidades de Valle de Intag en Ecuador repite la actitud general del sector minero: la compañía insiste en que sus prácticas en el Valle de Intag reunieron las más altas normas éticas de la RSC.

Esa es una afirmación dudosa a la luz de la evidencia filmada de ataques armados por parte de sicarios en contra de pobladores, grabado en el documental “Bajo Suelos Ricos” de Malcolm Rogge. Mientras los críticos del estado actual de la cuestión tratan el asunto de la regulación gubernamental de las operaciones mineras en el extranjero, el gobierno de Harper (actualmente Primer Ministro canadiense) ha apoyado por completo la posición de las corporaciones, bajo el argumento que los códigos voluntarios son suficientes, que la acción reguladora del Estado canadiense podría dañar la posición competitiva de las corporaciones de ese país, y que es el Estado en donde se ubica la empresa minera el que tiene la responsabilidad legal de regular, sancionar y garantizar las indemnizaciones, y no el Estado canadiense. Aunque, en realidad, las debilidades, los altos niveles de corrupción, e incluso los prejuicios racistas de los Estados y los políticos latinoamericanos, entre otras cosas, asegura la impunidad de la mala conducta corporativa.

En octubre de 2009, el gobierno de Harper estableció una oficina de asesoría, la Consejería de RSC del Sector Extractivo, para ayudar a resolver las controversias en torno a la RSC. Sin embargo, esa oficina puede investigar los casos sólo con el consentimiento explícito de las compañías acusadas, y no puede emitir sanciones. En consecuencia, ha sido llamada una agencia “sin dientes” por el congresista liberal John McKay, quien promovió el proyecto de ley C-300 para llevar a cabo una industria minera responsable dónde sea que opere fuera de Canadá. El proyecto de ley fue diseñado para crear un mecanismo de denuncia y de investigación para las comunidades adversamente afectadas por las empresas canadienses de extracción de recursos. Si se prueba su culpabilidad en actos ilícitos serios, una corporación puede quedar privada del financiamiento público, incluyendo la inversión del Plan de Pensiones de Canadá. El proyecto de ley, sin embargo, no preveía la reparación de los daños y perjuicios. En cualquier caso, la ley C-300, habiendo pasado la segunda lectura tuvo en la tercera una ajustada derrota -140 a 134. 20 miembros del Partido Liberal y congresistas del Nuevo Partido Democrático (NDP, por sus siglas en inglés), entre ellos, el líder liberal Michael Ignatieff, se abstuvieron de votar el 31 de octubre de 2010.

Defenderse

Por lo menos tres comunidades de América Latina han impedido el establecimiento de mineras canadienses dentro de su territorio en los últimos diez años. Más del 80 por ciento de los votantes de Tambogrande en Perú y Esquel en Argentina rechazó la minería en los referendos locales, las comunidades campesinas aisladas del valle de Intag en Ecuador recurrieron a la movilización cívica.

La capacidad de resistencia de estas comunidades parece crecer por una combinación de factores. En los tres casos, la información veraz sobre los impactos de la minería se ha generado y difundido  por respetadas instituciones y líderes locales. Esas instituciones incluyen organizaciones ambientalistas, estaciones de radio y periódicos, grupos progresistas vinculados con la iglesia y organizaciones de derechos humanos. En el caso de Esquel, también participa la universidad de la ciudad y asociaciones fuertes de docentes. Por supuesto, estas organizaciones pueden funcionar efectivamente sólo cuando los espacios democráticos están disponibles y, sobre todo, si el contexto político es favorable, como fue el caso del Valle de Intag, que forma parte de un municipio declarado zona libre de la minería por su consejo de indígenas progresistas y por el alcalde. Asimismo, resulta más fácil movilizar a la gente que tiene alternativas. Aunque existe pobreza y desempleo en esas tres comunidades, también existen actividades económicas que se pueden ver afectadas por los impactos ambientales de la minería: la exportación próspera y la agricultura orientada al mercado interno en el caso de Tambogrande, la agricultura, la ganadería y el turismo en Esquel, y la agricultura y el ecoturismo en la zona de Intag.

Las alianzas internacionales pueden ser útiles para mejorar las capacidades locales, mediante la transferencia de información sobre los impactos de la minería y los historiales de determinadas compañías. Estas alianzas también pueden generar recursos para la resistencia, como para costear el viaje a Canadá para testificar ante las comisiones parlamentarias, para informar al público y para iniciar acciones legales. Esa fue la ruta tomada por miembros de la comunidad de Intag que en 2009 demandaron a la Bolsa de Toronto y Ascendant Copper/Copper Mesa.

Ley internacional de los Derechos Humanos

También parece que las posibilidades de ser escuchado son mayores en las agencias internacionales de derechos humanos que apelando al gobierno canadiense. Se necesita tiempo, recursos y aliados para acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero las 18  comunidades indígenas mayas afectadas por la canadiense Goldcorp en la mina Marlin en Guatemala, hicieron precisamente eso con un resultado notable. El 20 de mayo de este año, la CIDH ordenó al gobierno de Guatemala a suspender las operaciones de dicha mina como una “medida cautelar” contra la degradación que afectaba la salud humana y ambiental de las comunidades circundantes. Para sorpresa de muchos observadores, un mes después, el gobierno de Guatemala estuvo de acuerdo en hacerlo.

La mayoría de los observadores se sorprendieron por esta decisión del gobierno de Guatemala, ya que la directiva y accionistas de Goldcorp, así como políticos canadienses han ignorado o desestimado anteriores informes críticos de grupos y agencias independientes y creíbles, incluyendo al Tribunal Latinoamericano del Agua que documentó la contaminación del agua y el agotamiento, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que identificó violaciones de los derechos humanos; Médicos por los Derechos Humanos y la Universidad de Michigan que encontraron evidencia de contaminación en muestras de sangre y orina, y una compañía encargada de la evaluación que encontró problemas graves en el sitio de la mina.

Si Goldcorp y el gobierno canadiense pueden ignorar todos estos informes, no hay mucho que esperar de los códigos voluntarios o de la nueva Consejería de RSC del Sector Extractivo, que puede examinar los casos sólo si la empresa está dispuesta a dar su aprobación. Mientras que nuestras corporaciones y el gobierno nacional niegan los daños causados, y los abusos a menudo asociados con la minería, las comunidades afectadas que tienen quejas legítimas muy rara vez obtienen una respuesta favorable por parte de sus propios gobiernos. Queda por verse si el gobierno de Guatemala mantiene su decisión de cerrar la mina Marlin, al menos temporalmente, mientras los abusos son investigados.

Traducción: Luis Fernández. E-mail: mandragora83@hotmail.com

Fuente: Wixárika
Archivo En Linea De Arte, Historia Y Cultura Huichol
http://wixarika.mediapark.net/sp/sp_wirikutaMalosVecinos.html

Wirikuta y la minería devastadora

Wirikuta y la minería devastadora

Luis Hernández Navarro

Wirikuta, en Real de Catorce, San Luis Potosí, es la tierra de origen del pueblo wixárica (huicholes). Es donde se reúnen sus dioses, su territorio sagrado

Cada año, entre los meses de diciembre y enero, llegan hasta allí los devotos en peregrinación. Parten del centro de la tierra, del corazón, de Teakata, lugar en el que reside Tate’warí, el Abuelo Fuego, después de celebrar la fiesta del tambor, del elote tierno y de las calabazas. Para llegar a Wirikuta, el sitio donde salió el sol, caminan 480 kilómetros.

Desde hace más de mil años, la peregrinación es un evento central en la vida de los wixaritari (plural para wixárika). Lo llaman su esencia. En ella recrean el caminar de sus antepasados para que continúen encendidas las velas de la vida, para mantener el equilibrio de la tierra y para conservar su cultura. Los peregrinos llevan ofrendas y adoran y aprenden de la voz de sus dioses lo que dice la costumbre. La ruta es sagrada. La romería se inicia y consagra a personas escogidas en el arte de recolectar el hí’kuri, es decir, en la cosecha del peyote para las ceremonias rituales.

Tan importante es Wirikuta que, en 1999, fue declarado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) uno de los 14 sitios naturales sagrados del mundo que deben ser protegidos.

La zona de Wirikuta es también, desde 1994, área natural protegida. Abarca 140 mil 211 hectáreas de siete municipios. Cuenta con su plan de manejo de ley, en el que se asienta la prohibición de actividades mineras en la mayor parte de la reserva. En las zonas donde se autoriza efectuarlas se fijan grandes restricciones, como no permitir el vertido de desechos contaminantes o alterar los cursos de agua superficiales o subterráneos.

A pesar de ello, la Secretaría de Economía otorgó 22 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic Silver para la explotación de plata en Wirikuta. La compañía construirá en ese territorio una carretera para sacar su producción. El proyecto tendrá consecuencias devastadoras para el pueblo wixárika y para el medio ambiente. Los permisos de operación provocarán la contaminación de los ríos, el acuífero, la tierra y el aire. Amenazan la supervivencia de especies endémicas y en peligro de extinción, como el águila real.

Contra lo determinado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no se consultó a los wixaritari para aprobar el proyecto minero. Las autoridades mexicanas ignoraron el hecho de que las concesiones violan el Programa de Manejo del Área Natural Protegida de Wirikuta, que abarca casi 70 por ciento de la concesión minera.

El proyecto minero de First Majestic Silver en Wirikuta equivale a instalar una planta de gas en la basílica de Guadalupe, abrir un pozo petrolero en La Meca o construir una termoeléctrica en Jerusalén. Es una ofensa grave a la cultura y la religiosidad de un pueblo histórico para favorecer negocios privados. Tiene, además, el agravante de que se dañará de manera irreversible el medio ambiente.

La zona está dentro del Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA). En ella viven 156 especies, entre las que se encuentran laSpizella wortheni (gorrión de Worthen), incluida dentro de la NOM-059-Semarnat-2001 con el estatus de protegida, y declarada una de las 51 especies prioritarias por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). La zona es también lugar de anidación del águila real (Aquila chrysaetos), que se consideraamenazada y especie prioritaria.

La ofensiva minera en Wirikuta es el último eslabón de una cadena de agresiones contra los wixaritari. A la tradicional rapiña de los ganaderos mestizos contra las tierras indias se ha sumado el hostigamiento contra sus prácticas religiosas y la destrucción de sus sitios sagrados. La lista es larga. La policía ha hostigado a jicareros (peregrinos comisionados por su comunidad) durante sus ceremonias. Grandes empresas agroindustriales, que inhiben la lluvia mediante detonaciones en el cielo para dispersar las nubes, destruyen la vida campesina en el desierto de Wirikuta. Las zonas sagradas en Hara Mara (San Blas, Nayarit) fueron concesionadas a empresas turísticas. Los principales centros de oración han sido mercantilizados. Importantes sitios sagrados fueron inundados por las presas de La Yesca y El Cajón, Nayarit. El proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla, en Jalisco, destruyó y sepultó el sitio sagrado Paso del Oso.

Ante el avance del proyecto minero devastador de la compañía First Majestic Silver contra la cultura indígena, la salud de la población y el medio ambiente, se ha organizado un amplio movimiento social que exige la intervención de las autoridades competentes para revisar y revocar las concesiones otorgadas ilegalmente a la empresa. Los agraviados demandan, también, que se decrete una moratoria indefinida para evitar proyectos mineros y/o agroindustriales en el área natural protegida de Wirikuta. Esta posición se ha hecho pública tanto en el Pronunciamiento en defensa de Wirikuta, pueblo wixárika, de septiembre de 2010, como en elPronunciamiento en defensa de Wirikuta, del Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Waha’a.

En el centro de esta movilización se encuentran las comunidades wixaritari y sus autoridades tradicionales. No es casualidad. En ella se juegan su futuro como pueblo.

Nota en: La Jornada

Wirikuta desde el CNI

http://www.youtube.com/watch?v=epEB2YdmSr8

Rechazan los programas de gobierno que ponen sus tierras al servicio del mercado

Las concesiones mineras devastan nuestros territorios: Congreso Nacional Indígena

Denuncian cómo los proyectos de transnacionales amenazan el patrimonio de sus comunidades

REDACCIÓN

Indígenas participantes en el Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico Foto: FOTO HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ

Los proyectos de concesiones mineras que los recientes gobiernos federales han entregado a empresas nacionales y cada vez más a corporaciones extranjeras, se han constituido en uno de los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas del país, según se desprende de las discusiones que se realizaron en las distintas mesas de trabajo del Congreso Nacional Indígena (CNI) Región Centro Pacífico que se realizó este fin de semana en la comunidad coca de Mezcala, en la ribera del lago de Chapala.

“Las concesiones mineras están devastando nuestros territorios, promueven la división de nuestras comunidades y amenazan los centros de nuestra cultura; uno de los ejemplos más palpables es lo que está ocurriendo con la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp. que pone en riesgo el centro religioso y ceremonial de Wirikuta, que es pilar para nuestros hermanos wixaritari”, señalaron los asistentes al CNI previo a su reunión plenaria.

Los más de 110 delegados de 44 comunidades provenientes de 10 estados del país manifestaron su preocupación y rechazo a la política oficial de entrega del territorio a empresas mineras. En Wirikuta (Real de Catorce, San Luis Potosí), principal centro religioso y ceremonial de los pueblos wixaritari, denunciaron el proyecto de la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., que amenaza no sólo territorios que por siglos han sido poblados por sus comunidades, sino también un centro religioso y ceremonial esencial para ese pueblo.

“En San Luis Acatlán, Guerrero, el gobierno ha abierto la puerta a los proyectos de explotación minera de las compañías Camcin y Salamera, detrás de las cuales se encuentra la gigante Gold Corp., también canadiense”, indicaron.

De la misma forma rechazaron los nuevos proyectos gubernamentales que pretenden intervenir en sus comunidades para poner el territorio al servicio de intereses del mercado. “Antes era elProcede y ahora el Procecom, Pro Árbol, y Áreas Naturales Protegidas que con el pretexto de protección al medio ambiente, pretenden dividirnos y minar nuestras autoridades y quedarse con nuestro territorio”.

El problema de la inseguridad y del crimen organizado también es una de las preocupaciones de las comunidades que asistieron al CNI, pues, dijeron, debido a la incompetencia gubernamental éste ha incrementado en varios puntos del país.

“Ante estos problemas, los pueblos y comunidades indígenas del país, reunidos en Mezcala, reafirmamos la voluntad inquebrantable de defender nuestros territorios, nuestras culturas y creencias mediante el ejercicio de la autonomía en nuestra forma de gobernarnos, manejo de nuestros recursos naturales y de reproducir nuestra vida. En estos dos días de discusión e intercambio de información hemos confirmado que cada vez son más los ejemplos de resolver nuestros problemas por nuestros propios medios sin esperar nada de gobiernos y partidos. Hemos avanzado en la conformación de policías comunitarias tanto en Guerrero como en Michoacán, para la defensa de nuestros territorios. Asimismo, hemos mejorado las formas autónomas y comunitarias de gobernarnos, mediante asambleas, trabajo comunitario y rotación de nuestros dirigentes”.

nota en: La Jornada Jalisco

Wixárikas en el Congreso Nacional Indígena

Gobierno, narco e intereses amenazan a pueblos indígenas

Convocan a Congreso Indígena para tratar autonomía y despojo; la legalidad es la primera herramienta contra el despojo, aunque no se descarta la rebelión. Los pueblos exigen elegir ellos mismos sus sistemas sociales, sin depender de los políticos y las autoridades.

Dom, 06/02/2011 - 11:45

Foto: Sergio Blanco

Mezcala.- Entre la vorágine de influencias extranjeras que han permeado —acaso contaminado— la amalgama del mexicano modelo, desde la Colonización a la fecha, sólo unos pocos grupos han resistido a la presión de la mayoría para conservar su identidad: cultura, lengua y territorio, elementos defendidos acérrimamente en contra de la discriminación de quienes se han identificado, no con sus raíces y aquello que los circunda, sino en la riqueza.

Ayer, pueblos indígenas sobrevivientes se reunieron en la comunidad de Mezcala, en la ribera de Chapala, para tratar en la XXVIII reunión plenaria del Congreso Nacional Indígena (CNI) el elemento de su identidad que más fácil les pueden robar: su tierra. El congreso se dividió en tres temas: la autonomía, el despojo y cómo se solucionó o debe solucionar éste.

Gobierno y narco contra la autonomía

Tras ser aparentemente excluidos por el sistema, o como medida para protegerse de él, algunos pueblos han logrado cierta autonomía: que sin alcaldes o representantes políticos lleguen a regirse por sus propios medios.

Mezcala, que busca la autonomía, se encuentra en el municipio de Poncitlán. La comunidad ha sido asaltada por las autoridades municipales sin que el Ministerio Público haya atendido las demandas, y actualmente padece de una tala ilícita e indiscriminada, contó uno de los comuneros: “Nosotros ni siquiera pertenecemos al pueblo indígena, no sabemos ni qué es autonomía ni para qué sirve. [...] ¿Cuál autonomía? Vienen los partidos políticos y nos deshacen todo”.

Dijo a los representantes de la CNI que precisaban de armas para defenderse de las autoridades, que incluso después de las fiestas patronales llegan por impuestos: “Todo se lo llevan”.

Otro caso de búsqueda de autonomía está en asentamientos indígenas de Michoacán. Un comunero contó que tienen cinco años con la idea de la autonomía, desarticulada por el gobierno, y a últimas fechas, por la delincuencia: “Eso antes pasaba en las ciudades, pero ahora entran a las comunidades indígenas. El miedo entra, invitan a los jóvenes de la comunidad”. El que penetre el narco significa que los comuneros eventualmente perderán el control de sus tierras y la posibilidad de regirse y conservar su unidad e identidad.

Despojos en el siglo XXI

Un caso que implicaría el despojo de la identidad de una cultura entera se encuentra en San Luis Potosí. Ismael González González, del poblado de Santa Catarina, comunidad wixárika (huichola) de Jalisco, contó que la empresa canadiense First Majestic Silver destruirá un sitio emblemático para ellos: “Está amenazando fuertemente un lugar que nosotros consideramos de reserva, donde llevamos nuestras ofrendas, el lugar llamado Cerro Quemado”. En ese sitio es donde ellos cosechan el peyote, una planta clave en su cultura.

Si bien los terrenos no son propiedad de las comunidades wixarikari, sino de ejidatarios de Margaritas, Charcas y de Real de Catorce, ellos defienden su derecho a mantener intacto el sitio que los ha congregado por siglos: “El pueblo wixárika hace sus ceremonias en este lugar, también tenemos secretos y estamos a la defensa de que no destruyan nuestra cultura, todo lo que hay dentro de esa sierra”.

La minera de plata, planteó Ismael, acabaría con la poca agua que hay para sus procesos y degradaría el entorno: “Se secaría todo el recurso natural, se acabaría todo allí”. Aunque han acudido a las autoridades, éstas están del lado de la empresa, por lo que las comunidades wixárikas de Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas han acordado defender el territorio.

En protesta, realizarán una peregrinación que saldrá del puerto de San Blas, en Nayarit, para cruzarlo hacia Jalisco, Zacatecas y hasta San Luis, donde convocarán a los medios. El 19 y 20 de febrero se reunirán en El Saucito, en Nayarit, donde pondrán fecha a la peregrinación.

Otro caso de despojo ocurrió en San Sebastián, en Chiapas, donde recién el 3 de febrero pasado se detuvo a 140 indígenas por un grupo de presuntos militantes del Partido Revolucionario Institucional a fin de despojarlos de sus ejidos: “El gobierno no tolera que sus antiguos peones les hablen al tú por tú”, sentenció uno de los habitantes.

Y otro, en Temacapulín, donde sus habitantes serán echados para reubicarlos en otro centro de población, pues el pueblo se inundará con la construcción de la presa del Zapotillo. La queja de los habitantes es que el pueblo, más que representar simples fincas, es parte de su pasado e identidad.

La ley y la rebelión

La búsqueda de recursos legales supone ser la principal herramienta contra el despojo, señaló Juan Dionisio, integrante de la comunidad de San Pedro de Atlapulco, pueblo nañú en el Estado de México. Explicó que la autonomía se construye en los pueblos, más que con armas, con su identidad, cohesión de grupo y conocimiento de su territorio (si hay sobreexplotación de recursos naturales u otros daños).

No obstante, cuando los intereses de particulares y autoridades alcanzan cierto nivel, de la ilusión de autonomía se pasa al despojo: “Históricamente ha sido el despojo el mayor problema, hay proyectos que afectan a los pueblos y no se les consulta. A veces esos proyectos no responden a la realidad de cada uno de los pueblos, sino que es sólo producción para enriquecer a los capitalistas”.

Cuando el despojo se presenta, la principal medida en contra de él es valerse de recursos legales: “Los que tienen invasiones o problemas de carreteras tienen que recurrir a amparos, se van por lo legal”. Cuando esto no funciona, porque no hay respuesta de la autoridad, entonces se tienen que movilizar. [...] Somos muchos pueblos indígenas en el país que coincidimos en nuestra forma de organización comunal y en la conservación de nuestra identidad. Autonomía e identidad van juntas”.

Un estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM) mostró que el panorama rapaz público-privado amenaza a diario la autonomía lograda: “Las cosas no van a ser fáciles: derrocamiento, militarización, paramilitarización, el narco, y nosotros no estamos avanzando”. Los principios revolucionarios —que incluyen percatarse de que la realidad de la situación actual sólo beneficia a unos cuantos— son la última solución: “Es el motor subjetivo que nos va a mover a esta lucha para avanzar en nuestro proyecto autónomo”.

El proyecto autónomo, aclaró Salvador, un indígena, debe surgir de los pueblos y no de organizaciones ajenas, pues no se identificarán con las comunidades ni sabrán qué defender.

A viva voz

Salvador, indígena de Chiapas: “Hay siete principios indígenas: servir y no servirse; representar y no suplantar; bajar y no subir; convencer y no vencer; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer”.

Juan Dionisio, indígena nañu: “Históricamente ha sido el despojo el mayor problema: hay proyectos que afectan a los pueblos [...] A veces esos proyectos no responden a la realidad [...] sino que es sólo producción para enriquecer a los capitalistas”.

Ismael González, wixárika de Jalisco: “El pueblo wixárika hace sus ceremonias en este lugar, también tenemos secretos y estamos a la defensa de que no destruyan nuestra cultura, todo lo que hay dentro de esa sierra”.

Uno x uno

Los pueblos asistentes:

• Jicamaltepec

• Acteal

• Nurío

• San Juan Copala

• Cherán

• San Luis Acatlán

• Triquis

• Milpa Alta

• San Antonio Tlayacapan

• San Sebastián Tuxpan

• San Andrés Chuniapan

• Santa Catalina

• Tuxpan

• Santa Cruz Acalpixca

• Santa María de Ostula

• Ajijic

• Comachuén

• Río Venado

• San Andrés Cumiata

• Santa Catarina

• Mezquitic

• Bancos de San Hipólito

• San Sebastián Bachacán

Claves

El centro-occidente indio, un breve repaso.

• La región centro-occidente, famosa por su identidad pretendidamente criolla, alberga una amplia y sorprendente diversidad india: los nahuas distribuidos ampliamente en la costa del Pacífico, los purépechas de la meseta michoacana, los wixaritari (huicholes), nayeri (coras) mexicaneros y o´dam (tepehuanes) de la Sierra Madre Occidental, y todos esos habitantes del altiplano central: mazahuas, otomíes, chicimecas, pames. En la región de Chapala sobreviven los cocas de Mezcala.

• La forma clásica de organización de esas poblaciones originarias es la comunidad indígena que se reconoce y titula por un procedimiento agrario, con base en los títulos primordiales que son los que concedió la Corona española durante los tres siglos del periodo colonial para darles dominio de sus tierras, sus bienes naturales y sus aguas.

• En las últimas décadas, un fenómeno explosivo ha cambiado el mapa de la distribución aborigen en la región: la migración. Hay migrantes indígenas que siguen los campos agrícolas como jornaleros de la caña de azúcar (Tamazula, Autlán, Tala, Tepic), o para trabajar en las cosechas de jitomate (sur de Jalisco, Sinaloa) y de otras legumbres (Zacatecas, Nayarit), o de frutales (toda la región costera de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit). Los indígenas jornaleros suelen provenir de los estados de Guerrero y Oaxaca (zapotecas, mixtecos, triquis) y en menor grado, de Veracruz.

• Hay otra migración más poderosa y permanente: la que acude a las ciudades a asentarse. En la zona metropolitana de Guadalajara se identifican al menos 19 colonias que albergan a los grupos de indígenas migrantes. En Tlaquepaque: colonia Indígena (otomíes), Brisas de Chapala (mixtecos), Las Juntitas (mixtecos y otomíes), Nueva Santa María (otomíes), San Sebastianito (otomíes), Lomas de San Miguel (otomíes), El Campesino (otomíes), Guayabitos (otomíes), La Mezquitera (otomíes), Buenos Aires (otomíes), Francisco y Madero (otomíes), Las Juntas (otomíes), y Arroyo de las Flores (otomíes). En Guadalajara: Polanquito y la Ferrocarril (mixtecos). En Tonalá: Constancio Hernández (mixtecos), y Balcones del Sol (triquis). En Zapopan: Miramar (purépechas), y El Húmedo (purépechas).

• Aparte de estas colonias “existen familias de indígenas de diversas etnias que viven dispersos en la zona metropolitana, lo cual dificulta su identificación y la elaboración de cifras más precisas sobre migrantes en la ciudad”, señala un análisis de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI). En todas las ciudades importantes de la región (Morelia, Querétaro, León, Aguascalientes, Colima, Puerto Vallarta y Tepic) sucede el mismo fenómeno

que Las “poblaciones originarias” migran de forma temporal en busca de empleos, pero están arraigadas a sus territorios y enfrentan en mayor o menor grado disputas agrarias entre sí, con comunidades mestizas y con pequeños propietarios, además de que se enfrentan de diversos modos con diversos niveles del Estado mexicano en relación a proyectos de desarrollo. En las zonas de litoral, la presión de empresarios nacionales y extranjeros por las tierras adyacentes a playas tiende a crecer en perjuicio de los pueblos.

• Hay también una migración hacia Estados Unidos que todavía es incipiente en los pueblos originarios, pero está consolidada en los que vienen del sur del país, que si no tienen fortuna al asentarse en la región, siguen su camino a las colonias formadas en diversas ciudades de ese país.

Sergio Blanco
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