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martes, 11 de junio de 2013

#WIRIKUTA, TERCERA CARTA AL PRESIDENTE DE MÉXICO DEL CRW

10 de Junio de 2013

Boletín de Prensa

En el marco de la posible visita del Ejecutivo Federal y de su Campaña Nacional contra el Hambre por la comunidad de Pueblo Nuevo, Municipio de Mezquitic, Jalisco.  El Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta  exige sus demandas y fija su postura.

  • Por la elevación a rango federal la protección como Área Natural Protegida con pleno respeto a los derechos colectivos de nuestro pueblo y los de nuestros hermanos habitantes de la zona Wixáritari.
  • Por la cancelación de las concesiones mineras en Wirikuta como expone la CNDH en su recomendación 56/2012 por ser ilegales.
  • Por la clausura de los trabajos agroindustriales que destruyen gravemente la flora, la fauna, abaten los mantos freáticos y dañan irreversiblemente el territorio sagrado.
  • Para que se inscriba a Wirikuta en Listado de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad de la UNESCO.
  • Y poner un alto a la peligrosa campaña de desinformación emprendida por Héctor Moreno, presidente municipal de Catorce y se revise con anule su nombramiento como Presidente de la Reserva de Wirikuta.

Atentamente 
Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wa haa

---
LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

P R E S E N T E:

Los que suscribimos autoridades tradicionales y agrarias de las comunidades del Pueblo Wixárika San Sebastián Teponahuaxtlán, Santa Catarina Cuexcomatitlán y Bancos de San Hipólito mismas que conformamos al Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, le enviamos un cordial saludo y le exponemos lo siguiente:

Nuestro pueblo y cultura conservada durante siglos está en grave peligro debido a actos y omisiones del Estado Mexicano al otorgar permisos y concesiones a empresas mineras y agroindustriales con proyectos muy dañinos del medio ambiente en la zona sagrada de Wirikuta, violando nuestros derechos más básicos y afectando al mismo tiempo de forma grave a los habitantes de la zona en su salud y en sus derechos a un medio ambiente sano y a un desarrollo sustentable que garantice el futuro de sus generaciones.

Desde el 7 de febrero pasado le entregamos ya una carta en donde le expresamos nuestras preocupaciones y propuestas sobre esta problemática, no tenemos aun respuesta efectiva, sin embargo permanecemos a la espera pues pensamos que su gobierno se encuentra aun ponderando los diferentes asuntos de la nación, confiamos en que su gobierno no permitirá que este caso se vaya para atrás de donde lo dejó su antecesor, la expectativa ante sus reiteradas declaraciones a favor de los derechos humanos y su anunciada decisión de combatir los factores y efectos del calentamiento global son de que no permitirá que los intereses mineros afecten a este patrimonio de la humanidad y de México fundamental para que nuestro pueblo pueda seguir existiendo.

Reiteramos algunos aspectos fundamentales, desde septiembre de 2010 nuestro pueblo inició una lucha fuerte para evitar la destrucción de Wirikuta por la depredadoras empresas mineras y agroindustriales, durante el proceso hemos encontrado una solidaridad muy amplia de organizaciones y personas de la sociedad mexicana y de muchas partes del mundo, también instituciones y organismos oficiales de derechos humanos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Relator de los Pueblos Indígenas o la CNDH están dando seguimiento al proceso y oficialmente se han pronunciado a favor de la protección real y efectiva a Wirikuta.

También durante este tiempo ha quedado acreditado científicamente junto a la gran relevancia de la región de Wirikuta en el tema de biodiversidad e importancia ecosistémica frente al calentamiento global, que los proyectos mineros que pretenden explotar empresas trasnacionales y nacionales en la zona son absolutamente inviables dadas las condiciones de sus acuíferos y la fragilidad de sus excepcionales riquezas de fauna y flora, ha quedado claro también que permitir la sobre explotación que significarían esos ambiciosos proyectos industriales equivaldría a un genocidio para los pobladores de la región y su área de influencia, cancelando sus posibilidades de futuro.

Ante esto, reiteramos que para nosotros va en primer término el bienestar de nuestros hermanos habitantes de Wirikuta, que debe fundamentarse en programas sustentables ecológicamente y no en el abuso de dejarlos ilusionarse por su gran pobreza con las promesas mineras pero sin informarles con claridad de los efectos tan negativos que tendrán en su salud y futuro. El derecho a la información de las poblaciones debe ser escrupulosamente respetado y el esfuerzo para el desarrollo de un área natural protegida ejemplar a nivel mundial tanto por el cuidado y regeneración de sus ecosistemas como por el desarrollo de proyectos alternativos y ecológicamente cuidadosos para el bienestar de sus habitantes.

Lo afirmado anteriormente lo decimos con toda responsabilidad fundamentados en los estudios realizados por varios de los principales científicos de la ecología del país que también han respaldado nuestra posición, baste decir que el Consejo Nacional de áreas Naturales Protegidas en pleno se ha pronunciado a favor de que se prohíban las actividades mineras, los estudios e investigaciones científicas obran en el expediente oficial de la COFEMER sobre el caso y las acciones de protección correspondientes quedaron pendientes, ahora es a partir de todo lo ya desahogado que permanecemos a la espera de su respuesta, no creemos de ninguna manera que su gobiernos quiera hacer como si no existiera ningún antecedente ni creemos que eso quieran hacer, esperamos en todo caso un diálogo serio e incluyente para la construcción de los mecanismos de protección efectiva del Estado a este santuario que es un patrimonio universal a nuestro cargo.

Por lo anterior Wirikuta merece ser protegida de una manera ejemplar a nivel mundial, con un enfoque Bio Cultural que entienda que la protección ambiental debe partir de garantizar los derechos humanos de los habitantes de los ejidos, sus derechos territoriales y los derechos que como pueblos hemos reivindicado y ejercido desde hace miles de años.

Tal y como lo señalamos en la carta de febrero, volvemos a señalar que ha proseguido el actuar ilegítimo del actual Presidente Municipal de Catorce, quien ha respaldado públicamente a las compañías mineras en todo momento, mintiendo al decir a los habitantes de la zona al decirles que lo que buscamos en quitarles sus tierras y provocando con ello el odio hacia nosotros y la amenaza muy real de violencia contra nuestros peregrinos.

Ahora la situación se ha agravado y se ha llegado al absurdo de que ha sido impuesto como Presidente del Consejo de Administración de la Reserva Ecológica y Cultural de Wirikuta incurriéndose claramente en un conflicto de intereses al ser pública su parcialidad a favor de la minería y los negocios que han mantenido en su familia y él en lo personal con esas compañías.

Pareciera con todo esto que se están construyendo las condiciones para imponer y hacer prevalecer los intereses económicos de las mineras, por ello se vuelve día con día más urgente su respuesta ya a .lo que le hemos venido planteando, antes de que tengamos consecuencias irreversibles ya

También tenemos que volver a insistir en que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deje de apoyar solo las iniciativas más “suaves” de personas y organizaciones de nuestro pueblo e ignorando posiciones como las expuestas por organizaciones como la nuestra que nos hemos dado a la tarea de estudiar y documentar los efectos de fondo que la minería provocara y que estamos peleando en tribunales los derechos que nos asisten, esperamos que esta forma de actuar tan característica durante la administración federal anterior, cambié ahora bajo su mando, CDI debe dirigirse priorizar el diálogo y la información con las autoridades legitimas de las comunidades y con nuestras asambleas más que las que haga con organizaciones no representativas.

Reiteramos por último los puntos principales de nuestras demandas:

- Se eleve a rango federal la protección como Área Natural Protegida con pleno respeto a los derechos colectivos de nuestro pueblo y los de nuestros hermanos habitantes de la zona.

- Se cancelen las concesiones mineras como expone la CNDH en su recomendación 56/2012 por ser ilegales, recomendación que por cierto ha sido aceptada en todos sus términos por las autoridades federales.

- Sean clausuradas los trabajos agroindustriales que destruyen gravemente la flora, la fauna, abaten los mantos freáticos y dañan irreversiblemente el territorio sagrado.

- Se inscriba a Wirikuta en Listado de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad de la UNESCO, retirando la absurda nominación hecha por la administración anterior para su reconocimiento solo como patrimonio inmaterial, siendo que se trata de ecosistemas de gran valor lo que constituye al santuario.

- Que se detenga de inmediato la peligrosa campaña de desinformación emprendida por Héctor Moreno, presidente municipal de Catorce y se revise con anule su nombramiento como Presidente de la Reserva de Wirikuta.

- Agendar una audiencia con usted en su carácter de Jefe del Estado Mexicano para concretar una agenda conjunta hacia la solución de este grave problema.

Sin más por el momento, quedamos a la expectativa de su respuesta formal y urgente a los planteamientos hechos y señalamos como domicilio para recibir notificaciones las oficinas de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, en la calle de Jesús # 700, Col. Sagrada Familia en Guadalajara y los correos de  ajagi1@prodigy.net.mx, ala_cran20@hotmail.com del señor Santos de la Cruz Carrillo y a wirikutatv@gmail.com de la mesa de comunicación del Frente en Defensa de Wirikuta.



A T E N T A M E N T E
Tuxpan de Bolaños junio 8 del 2013

CONSEJO REGIONAL WIXÁRIKA POR LA DEFENSA DE WIRIKUTA

Salvador Chivarra de la Cruz                       Luís Villalobos Vázquez
Gobernador Tradicional de                      Gobernador Tradicional de
San Sebastián Teponahuaxtlán                            Tuxpan de Bolaños

Octaviano Díaz Chema          
Pdte. del Comisariado de Bienes Comunales
De San Sebastián Teponahuaxtlán

Gonzalo García de la Cruz                                  Emilio Chino López
Secretario de Bienes Comunales       Tesorero de Bienes Comunales

Juventino González de la Cruz
Pdte del Consejo de Vigilancia

Alejandro López Torres                                    Juan Torres González
Gobernador Tradicional de         Pdte. del Comisariado De Bienes Santa Catarina Cuexcomatitlán           Comunales De Santa Catarina                                                                                    Cuexcomatitlán

Marcos Cosío de la Rosa                         Samuel Carrillo Valenzuela
Srio. de Bienes Comunales de      Tesorero de Bienes Comunales de
Santa Catarina Cuexcomatitlán         Santa Catarina Cuexcomatitlán




Alejandro Carrillo Enriquez                       Sebastián Carrillo Carrillo
Pdte. del Consejo de Vigilancia                  Pdte. del Comisariado de Bienes Comunales                          Comunidad Autónoma de Bienes
Santa Catarina Cuexcomatitlán           Comunales de Bancos de San                                                                                                Hipólito


CCP Secretario d Gobernación
CCP Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
CCP Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
CCP Secretario de Economía
CCP Secretaria de Desarrollo Social
CCP Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas
CCP Directora General de la CDI
CCP Comisión Nacional de Derechos Humanos
CCP Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México
CCP Relator Especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas
CCP Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
CCP Público en General

sábado, 20 de abril de 2013

#WIRIKUTA, FDW PRESENTA INFORME A LA ONU


PRESENTA FRENTE EN DEFENSA DE WIRIKUTA INFORME AL RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS

  • Solicitan que la ONU haga un llamado urgente al gobierno federal para que cesen las violaciones a sus derechos humanos.
  • Acusan acciones de simulación del gobierno federal para aparentar la solución del conflicto.


El Frente en Defensa de Wirikuta presentó al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya, el Informe Anual sobre la amenaza que representa para su pueblo la intención de explotar concesiones mineras en su territorio, y le solicitan que haga un llamado urgente al gobierno de México, a fin de que realice acciones concretas para la protección del territorio sagrado de los wixaritari y para que cesen las violaciones a sus derechos humanos.

El Informe enviado al Relator contiene datos específicos relacionados con las concesiones mineras vigentes, las solicitudes de concesión minera, los cinco proyectos extractivos y los agroindustriales que de manera ilegal se están desarrollando en el área de Wirikuta, en San Luis Potosí.

Asimismo, se le actualiza sobre la situación que guardan diversos recursos jurídicos que se han ejercido en torno a la problemática como son las denuncias populares y ambientales presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como el juicio de amparo indirecto mediante el cual se otorga la suspensión de plano y de oficio para efecto de que las autoridades responsables se abstengan de autorizar cualquier acto tendiente a la explotación de las concesiones mineras de la empresa First Majestic Silver.

El informe también hace referencia a la Recomendación 56/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sobre la Violación de los Derechos Humanos Colectivos a la consulta, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua potable y saneamiento y protección de la salud del pueblo Wixárika en Wirikuta.

Así mismo, denuncian las diversas acciones que ha llevado a cabo el gobierno federal para simular la resolución del conflicto y se alerta sobre el conflicto social que se está gestando en el área de Wirikuta, a causa de las actividades que están llevando a cabo tanto las empresas mineras como el gobierno municipal de Catorce, mismas que pueden desencadenar círculos de violencia, y a su vez, nuevas violaciones de derechos humanos.

“Las comunidades wixaritari que integramos el Consejo Regional Wixárika, con apoyo de la sociedad civil que conformamos el Frente en Defensa de Wirikuta, preparamos este Informe a fin de que el Relator especial de las Naciones Unidas cuente con datos actualizados y argumentos sólidos que le permitan examinar la situación y emitir una recomendación en torno de las violaciones de derechos humanos de las que están siendo víctimas las comunidades indígenas en esta región del país”.

De igual forma, reiteraron su llamado al gobierno federal para que no autorice la explotación de concesiones mineras en el territorio sagrado de acceso tradicional de Wirikuta, pues ello ocasionaría daños ambientales, sociales y culturales irreversibles para el pueblo wixárika.


Atentamente

Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta
Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa



Para mayor información:

Para mayor información del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya, http://unsr.jamesanaya.org/esp/

viernes, 22 de marzo de 2013

WIRIKUTA, CONAPRED: DISCRIMINACIÓN OBSTACULIZA ACCESO A DERECHOS EN IGUALDAD


Caso Wirikuta: ejemplo de la falta de instrumentos para garantizar derecho a la consulta


Uno de los casos de discriminación racial que cobran relevancia en nuestro país es la violación al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, ya que a 20 años transcurridos de que el Estado mexicano firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989), aún no existen mecanismos ni procedimientos legales que instrumenten el derecho a la consulta previa en México.

Si bien es cierto que este derecho está reconocido en el artículo 2, fracción IX de nuestra Constitución, dicho precepto está muy limitado y acotado a comparación de lo que establecen los instrumentos jurídicos internacionales y el derecho comparado.

Sobre el tema de la consulta indígena en materia legislativa, cabe precisar que durante la Legislatura pasada del Congreso de la Unión, es decir, la LXI, se presentaron diversas iniciativas cuyo objetivo principal fue la regulación de esa temática. Concretamente se tienen identificadas la del entonces senador Andrés Galván Rivas, que propone la Ley General del Sistema de Consulta Indígena, y la del también entonces diputado Teófilo Manuel García Corpus, que propone la Ley Federal de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, diferenciándose entre ambas por su ámbito de competencia , es decir, federal una y general la otra.

Sin embargo, ninguna de las dos logró avanzar en su proceso legislativo, quedando como un pendiente para esta nueva Legislatura; la aprobación de una ley de consulta indígena significaría un avance en el cumplimiento de la recomendación número 17 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Como un ejemplo concreto de la necesidad de esta legislación observamos la imposición de megaproyectos en tierras y territorios de Pueblos Indígenas que han afectado la vida y los sustentos de los pueblos y comunidades, particularmente en el caso de las empresas mineras.

Uno de los casos más emblemáticos relacionados con la violación del derecho a la consulta, es la situación que vive el pueblo indígena Wixárika de Jalisco y Nayarit, sobre el territorio sagrado de Wirikuta, el cual es considerado uno de los sitios sagrados más importantes en el mundo y que es uno de los centros de peregrinación y oración indígena del pueblo Wixárika, quienes han tenido que enfrentar una intensa lucha desde febrero de 2008 por el reconocimiento de sus derechos indígenas, tales como sus derechos al territorio sagrado, a la consulta, a su identidad cultural y a un medio ambiente sano, entre otros, debido a la ejecución de varios proyectos mineros, principalmente el de extracción de oro llevado a cabo por empresas mineras extranjeras.

Sobre este asunto se determinó que varias autoridades violaron en perjuicio del pueblo Wixárika sus derechos humanos colectivos a la consulta y participación, al uso y disfrute de los territorios indígenas, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento y a la protección a la salud. En dicho caso existió la ausencia de consulta en los procedimientos de otorgamiento de concesiones mineras por parte de la Secretaría de Economía.

Es de hacerse notar que el Estado mexicano está obligado, constitucional y convencionalmente, a consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos especiales y a través de sus instituciones representativas, sobre los actos legislativos o administrativos que puedan afectarlos directamente con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado, todo ello en términos de los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de los Pueblos Indígenas de la OIT.

Si bien es cierto que en el marco jurídico nacional, particularmente en la Ley Minera y su Reglamento no se contempla procedimiento alguno para incluir la consulta a los pueblos indígenas en relación con concesiones que puedan afectar sus derechos, también es cierto que las autoridades que otorgan cualquier tipo de concesiones que afecten derechos indígenas, están vinculadas por la Constitución y normatividad internacional en su actuar, sin embargo, la ausencia de un marco normativo aterrizado del Convenio 169 hacen que el derecho a la consulta en México sea aún una realidad no alcanzada.

Casos como el anteriormente planteado se repiten con frecuencia en nuestro país, donde un grupo en situación de discriminación, como lo son los pueblos indígenas, no son tomados en cuenta en las decisiones, concesiones y actos de autoridad que tienen un impacto negativo en el pleno goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es por lo anterior, que es necesario hacer diversas reformas legales que garanticen la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones de actividades o actos que puedan atentar contra sus derechos a través de un procedimiento de consulta previa y efectiva; las reformas necesarias para legislar el derecho a la consulta previa, se identifican a continuación:

Primero: reforma constitucional en materia de consulta previa, la cual establezca el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidad indígenas, no sólo en la elaboración de los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal, sino en todos los casos en que la medida legislativa y administrativa sea susceptible de afectarles de alguna manera y exigir el consentimiento previo, libre e informado en aquellos casos en donde el proyecto ponga en riesgo los territorios y subsistencia de los pueblos indígenas.

También es necesario reformar la Ley de Minera para incluir a los pueblos indígenas que no son mencionados en ningún momento en ella. Esta situación se registra también en el resto de las leyes que determinan las posibilidades de participación de los pueblos indígenas en los proyectos de mineros. En la práctica, los pueblos indígenas cuentan con escasos recursos jurídicos para defender su derecho a la información, consulta y decisión en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo.

Asimismo, es necesario modificar la Ley Minera para exigir el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en donde se pretendan realizar actividades extractivas, sobre todo cuando se trata de minería a cielo abierto, por las consecuencias ambientales y en los territorios que la actividad minera puede traer consigo.

En relación a la Ley General o Federal de consulta a los pueblos indígenas, se propone avanzar en la aprobación de una ley federal o general sobre derecho a la consulta de los pueblos indígenas, incorporando las características, procedimientos y principios que han sido manejados por la legislación internacional, aprovechar el proceso que ya se ha iniciado desde la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las Cámaras de Diputados y Senadores de la Legislatura pasada.

Adicionalmente a la reformas anteriormente propuestas, es de vital importancia observar que dichos pueblos en ocasiones ven vulnerados sus territorios por externalidades u omisiones, principalmente por actividades industriales y comerciales que ocasionan deforestación y erosión ambiental debido a la explotación de recursos naturales, por lo que también resulta necesario reformar la legislación en materia ambiental y de recursos naturales, en la cual se prevea el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, su derecho al territorio y la inclusión de preceptos legales en la materia que protejan a ese grupo en situación de discriminación en específico.

En México aún no hay un reconocimiento en todos los ámbitos de nuestra propia diversidad; en 1992 se reformó la Constitución para establecer que somos una nación que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; pero la población afrodescendiente no fue considerada como parte de los cimientos de nuestra nación, lo que ha limitado el reconocimiento de sus derechos específicos.

A partir de la reforma constitucional, la diversidad cultural y étnica se incorporó como un eje de la política pública y se crearon instituciones y programas para su protección y promoción. Sin embargo, esos esfuerzos no han permeado aun en la cultura social, lo que nos hace concluir que todavía se requiere de mucho trabajo en materia de política pública y en la construcción de relaciones sociales más democráticas y tolerantes de lo diferente.

Para ello, es imprescindible construir una mirada sobre la diversidad cultural como un rasgo ligado intrínsecamente a la dignidad humana y a los derechos humanos, particularmente a los derechos culturales, tales como la libertad de expresión, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico. Como establece la propia Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, defender la diversidad cultural supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes.

Con información de: CONAPRED

viernes, 8 de febrero de 2013

WIRIKUTA, CONFERENCIA DE PRENSA 07 FEBRERO

CONFERENCIA DE PRENSA
Ciudad de México. 7 de febrero de 2013.

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BOLETÍN DE PRENSA

WIRIKUTA


LUGAR SAGRADO FUNDAMENTAL PARA LA SUPERVIVENCIA DEL PUEBLO WIXARIKA Y DE LA HUMANIDAD.

SIGUE GRAVEMENTE AMENAZADO POR LA IMPUNIDAD DE LAS EMPRERAS MINERAS Y AGROINDUSTRIALES.


  • A pesar de los intentos de dividirnos el pueblo wixarika mantiene una sola palabra: “La cancelación de las concesiones mineras”. Y le informan Al presidente Peña Nieto que de ello depende su supervivencia como pueblo.
  • Exigen la acción del Gobierno Federal para detener la campaña de desinformación emprendida por el gobierno municipal de Catorce y la empresa First Majestic Silver.
  • Arrancan nueva etapa de lucha con una serie diálogos con pobladores de Wirikuta, científicos y gobierno federal
  • Exigen la reactivación de la economía regional, en base al respeto a los derechos humanos y territoriales de los pueblos del desierto y el pueblo Wixárika


Una vez más, a un año de la multitudinaria ceremonia que celebró el pueblo Wixárika unido en el Cerro del Quemado, la palabra del pueblo Wixárika expresada por sus autoridades tradicionales y agrarias, representantes legítimos y portadores de las palabras de las asambleas comunales expresan de manera formal su palabra de lucha y de dignidad “Los que conformamos el pueblo Wixárika, mantenemos firme nuestro camino de defensa y protección de uno de los pilares más importantes del mundo, que está en el altiplano potosino en la región conocida como Wirikuta” y advierten que sus exigencias son “tan serias e importantes, que todo nuestro pueblo mantiene una palabra única de más de 500 centros ceremoniales que pide porque sean canceladas las concesiones mineras”


Señalan que el gobierno federal debe reconstruir la gobernabilidad de la región. En donde los derechos humanos colectivos de los ejidatarios de la región y del pueblo Wixárika a la salud, a un medio ambiente sano y al ejercicio de la cultura sean respetados plenamente, “en esto no caben las destructivas actividades mineras o agroindustriales”.


Wirikuta es nuestra vida

Las comunidades representadas por el Consejo Regional Wixárika le informan en este documento al jefe del Estado Mexicano las implicaciones de permitir la destrucción de Wirikuta “es la base del conocimiento de nuestros mayores y consejos de ancianos que trasmiten a los niños y jóvenes. Es la base de los calendarios de nuestras autoridades tradicionales, civiles y agrarias. Es decir, es la base de absolutamente todos los tejidos sociales de nuestro pueblo”


Nuestro pueblo está de pié de lucha

Con un recuento de las acciones que han llevado a cabo como pueblo reiteran las que han sido sus exigencias fundamentales, que fueron expresadas en una Primer Carta Urgente dirigida al Presidente de México a los pueblos y Gobiernos del mundo, entregada el 9 de Mayo del año 2011.


- Se cancelen las concesiones mineras como expone la CNDH en su recomendación 56/2012 por ser ilegales, recomendación que por cierto ha sido aceptada en todos sus términos por las autoridades federales.


- Sean clausuradas los trabajos agroindustriales que destruyen ilegalmente cientos de hectáreas


- Se inscriba a Wirikuta en Listado de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad de la UNESCO, retirando la absurda nominación hecha por la administración anterior para su reconocimiento solo como patrimonio inmaterial


El derecho nos asiste

Asi mismo se reitera la responsabilidad del Estado Mexicano de hacer valer los convenios internacionales y recursos nacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios , resaltando Los Acuerdos de San Andrés, firmados por el Gobierno Federal y que hasta la fecha no han sido reconocidos en un rango constitucional


Existe una gran fragilidad ambiental en la región

No se puede ocultar los graves daños ocasionados a los ecosistemas y las poblaciones locales por la grave contaminación de los acuíferos que están sobreexplotados y contaminados.


La presencia de metales pesados y

Los graves riesgos de implementar los destructivos trabajos mineros, documentados por científicos de reconocido renombre


Wirikuta merece ser un área protegida de manera ejemplar a nivel mundial



Fijan nuevamente su postura ante el inconcluso proceso de decreto de una reserva federal bajo la modalidad de Reserva de la Biósfera



Que un decreto de reserva debe ser con un enfoque expresamente Biocultural



Que parta del reconocimiento pleno de los derechos y cultura indígena



Que sea prohibida en cualquiera de sus modalidades cualquier actividad minero metalúrgica.



Que sean respetados de manera irrestricta los derechos humanos fundamentales individuales y colectivos de los pueblos que ocupamos ese territorio, sea de manera agraria, como es el caso de los ejidos de la región o tradicional como es el caso de todas las comunidades Wixaritari que vivimos en los estados de Jalisco, Nayarit y Durango.



El Consejo Regional Wixárika exige la acción del Estado Mexicano para detener la campaña de odio y desinformación emprendida por el gobierno municipal de Catorce y la empresa minera First Majestic Silver, señalando que dicha campaña “se ha basado en una serie de mentiras como que serán afectados los derechos agrarios de los ejidatarios, así como que los Wixaritari nos quedaremos con sus tierras, lo que ha gestado condiciones de mucha tensión que podrían derivar en acciones violentas y de hostigamiento hacia nuestro pueblo”



ATENTAMENTE


“El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta”


Por Waut+a y Kururri Manuka- San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños
-Octaviano Díaz Chema Juventino González de la Cruz
Pdte. del Comisariado de Pdte. del Consejo de Vigilancia
Bienes Comunales
-Venustiano Vázquez Navarrete José Carrillo de la Cruz
Suplente del Gobernador Tradicional Comisionado
-Juan Pablo Sánchez Enríquez
Comisionado

Por Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán

-Aniceto Torres Robles
Representante de la comunidad

Por Uweni Muyewe – Bancos de San Hipólito
-Santos de la Cruz Carrillo Eligio Aguilar Navarrete
Pdte. del Comisariado de Bienes Comunales

lunes, 8 de octubre de 2012

WIRIKUTA, EL FDW SE CONGRATULA POR RECOMENDACION DE LA CNDH


  • Reconoce el Ombudsman nacional violaciones de autoridades federales, estatales y municipales a derechos humanos fundamentales del pueblo wixárika.
  • Expresa CNDH que Wirikuta debe entenderse como una expresión de la cosmovisión del pueblo Wixárika y de sus costumbres y tradiciones.
  • La CNDH reconoce el derecho a la consulta y todas las autoridades tienen la obligación de garantizarlo en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la OIT.


El Frente en Defensa de Wirikuta se congratula por la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se reconocen violaciones al territorio sagrado del pueblo wixárika y hace un llamado a todas las autoridades involucradas para que acepten todos los puntos recomendatorios y comiencen las acciones señaladas, en particular cancelando las 75 concesiones otorgadas en el territorio de Wirikuta.

La trascendencia de la recomendación 56/2012 emitida radica en que se reconoce que autoridades del gobierno mexicano en distintos niveles -particularmente las secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado de San Luis Potosí (Segam), y los ayuntamientos de los municipios de Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, Villa de Guadalupe, Charcas, Salinas de Hidalgo y Villa de Ramos, también en San Luis Potosí-, han vulnerado los derechos humanos colectivos del pueblo wixárika, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

Establece que Wirikuta no debe entenderse solamente como puntos geográficos, sino como una expresión de la cosmovisión del pueblo Wixárika y de sus costumbres y tradiciones. La peregrinación hacia sus sitios sagrados y las ofrendas que se depositan en los mismos son parte fundamental del ritual que permite la renovación de la vida y que forma parte de su derecho a la cultura y al territorio tradicional.

Dichas violaciones se refieren a los derechos a la consulta, al uso y disfrute de los territorios indígenas, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, al agua potable y saneamiento, así como a la protección de la salud.

Por otro lado, la recomendación de la CNDH es trascendente en la medida en la que reconoce que para los wixáritari la superficie que abarca el Área Natural Protegida (ANP) que se encuentra en esta zona de San Luis Potosí, no representa la totalidad del territorio sagrado de Wirikuta, pues existen diversos sitios sagrados fuera de este polígono que carecen de protección jurídica.

Asimismo, la recomendación pugna por un acuerdo gubernamental en donde se preserven y respeten los territorios sagrados de Wirikuta, pero al mismo tiempo se encuentren vías de solución alternas que permitan la sustentabilidad económica de la zona. El texto reconoce que el pueblo wixárika demanda una solución integral que tome en cuenta su cultura, los recursos naturales de una vasta cantidad de territorio, incluyendo suelo y agua, y la salud y necesidades de los habitantes de la zona.

Con relación a las violaciones a los derechos humanos colectivos en lo particular, se refiere en primer término a que la Secretaría de Economía -de acuerdo a lo que establece  tanto la Constitución mexicana, como el Convenio 169 de los Pueblos indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-, estaba obligada a llevar a cabo la consulta, así como a garantizar la participación previa, libre e informada de las comunidades indígenas. De igual forma debió ocurrir en lo que se refiere a la viabilidad y subsistencia de todas las concesiones mineras otorgadas en Wirikuta.

En cuanto al derecho de acceso, uso y disfrute de los territorios indígenas, la CNDH estableció que las autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en garantizar una efectiva protección de los territorios sagrados, sobre los cuales el pueblo wixárika, tiene una posesión histórica y continua.

Adicionalmente, al transgredirse el derecho ancestral del pueblo wixárika sobre sus territorios se afectó su derecho básico a la identidad cultural. La estrecha relación entre los wixáritari y sus territorios tradicionales y los recursos naturales que allí se encuentran es un elemento constitutivo de su cultura, en tanto forma de vida.

Destaca que la Reserva Minera Nacional no es suficiente, además de que constituye  una violación a los derechos del Pueblo Wixárika el hecho de que las autoridades federales hayan otorgado concesiones y continúen procesando solicitudes de obtención de concesiones fuera de la Reserva Minera.

La CNDH refiere también  violaciones al derecho a un medio ambiente sano, así como al uso y disfrute de los recursos naturales, toda vez que en Wirikuta o en áreas limítrofes fueron otorgadas de forma irregular autorizaciones de impacto ambiental. Asimismo, la autoridad ha sido omisa de llevar a cabo actos de inspección y vigilancia de las empresas que ya cuentan con concesiones mineras que hayan o puedan generar impactos ambientales.

Otros derechos que han sido violados según el organismo son el derecho humano al agua potable y al saneamiento, pues la Conagua, ha omitido preservar la integridad y calidad de este recurso natural y ha sido omisa en investigar y, en su caso, remediar la contaminación de los de los recursos hídricos. Esta situación se liga también con violaciones al derecho de protección de la salud.

Así mismo es destacable el hecho que el organismo haya ejercido la facultad que le asiste de iniciar quejas ante los órganos de control de las autoridades involucradas en la recomendación por las actuaciones irregulares en las que han incurridos hasta el momento las autoridades de referencia.

Por lo anterior es que la recomendación en definitiva marca el inicio de una serie de acciones que deberán llevar todas las autoridades involucradas para la protección integral del territorio sagrado de Wirikuta y sus habitantes.



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